El otro día un político me dijo que a él le disgustaban las personas que se declaraban víctimas, porque le parecía un ejercicio innecesario. "En Colombia -me dijo- todos somos víctimas. ¿O es que usted cree que hay algún ciudadano que no lo haya tocado la violencia, que no haya tenido un pariente, así sea lejano, secuestrado o asesinado?".
Este tipo de reflexiones dichas en un país que tiene cerca de cuatro millones de desplazados, la mayoría de los cuales han sido despojados de sus tierras luego de haber visto cómo masacraban a su madre, a su padre o a sus hermanos, refleja cuán lejos estamos como sociedad de haber encontrado un consenso sobre cómo reparar a las víctimas y devolverles la dignidad que les han quitado años de expolio y de invisibilidad.
El hecho de que la violencia nos toque no necesariamente nos convierte a todos los colombianos en víctimas, de la misma forma que la penetración del narcotráfico en la sociedad y en el Estado no nos convierte a todos en narcotraficantes.
Las víctimas en Colombia existen: son de carne y hueso, las llamen como las llamen. Y no solo hay víctimas causadas por la guerrilla, sino por el narcoparamilitarismo y por la intervención de los agentes del Estado. Basta leer el recuento de las masacres que está realizando el equipo de académicos que el gobierno anterior conformó para recuperar la memoria histórica en desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, para darse cuenta de que detrás de cada masacre, detrás de cada asesinato múltiple que han ido recomponiendo, estaba un oficial del Ejército o un comandante de batallón. Para no hablar de cómo en los magnicidios que investiga la Fiscalía hay cada vez más evidencias de que agentes del DAS habrían participado activamente en asesinatos como el de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.
El problema es que mientras ya hay cierto consenso en la sociedad colombiana por reconocer a las víctimas de las Farc, no ocurre lo mismo a la hora de reconocer a las víctimas del narcoparamilitarismo y mucho menos a las víctimas de los agentes del Estado. Hay todavía una parte de la sociedad colombiana que sigue viviendo tranquila, llevando un narcoparaquito en su corazón; que considera a la parapolítica un mal menor de poca monta que no debería ser motivo de la más mínima investigación y que siente una simpatía especial por Jorge 40, por Mancuso, así ellos dos hayan confesado haber cometido centenares de crímenes contra campesinos inocentes.
Tomemos el caso, por ejemplo, del ex presidente Álvaro Uribe. Su padre fue asesinado por la guerrilla y su familia sintió el dolor desgarrador que produce la pérdida de un ser querido. Sin embargo, en su gobierno la palabra 'víctima' no solo nunca fue apropiada por él sino que se convirtió en una palabra que suscitó desconfianza y con la cual él personalmente nunca se sintió cómodo.
No solo la usó poco en su gobierno, sino que cuando recurrió a ella la utilizó para visibilizar solo a las víctimas de las Farc. Las demás, las víctimas del narcoparamiltarismo y las víctimas de agentes del Estado, siempre fueron menospreciadas por su gobierno. La Ley de Justicia y Paz fue concebida por Uribe como una ley que beneficiaba a los victimarios y no a las víctimas del narcoparamilitarismo, y cuando el senador liberal Juan Fernando Cristo presentó la ley de víctimas que pedía la restitución de tierras a las víctimas de toda índole e incluía a las de los agentes del Estado, su gobierno la enterró argumentando que no había dinero suficiente para sufragar un proyecto que costaba 88 billones de pesos, cifra que hasta ahora nadie ha podido saber de dónde fue sacada.
Ahora que el gobierno de Juan Manuel Santos abre de nuevo el debate en torno a la urgencia que para el país significa sacar adelante una ley de víctimas que no discrimine a ninguna de ellas y una ley de tierras que le permita entregarles a los campesinos las tierras de las que fueron despojados, la fractura de la sociedad vuelve a presentarse: de un lado están los que no creen que haya que reparar a nadie porque "todos somos víctimas" y, del otro, los que pensamos que las víctimas, independientemente de quiénes hayan sido sus victimarios, tienen derecho no solo a saber la verdad sino a ser restituidas en su dignidad y en sus tierras. Si ganan los primeros, este país nunca podrá salir del conflicto ni de la guerra. Si ganamos los segundos, nuestros hijos podrán conocer la paz que nosotros ya no vivimos.
La Fiscalía General de la Nación reveló que a 2 mil 436 se elevó el número de víctimas de casos relacionados con los denominados "falsos positivos" en el país.
El ente acusador reportó que del total de víctimas en este escándalo, 2 mil 193 corresponden a hombres, 118 a mujeres y 125 a menores de edad.
Así se desprende de un informe preparado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, donde quedó al descubierto que a la fecha están siendo investigados 1.100 miembros de la fuerza pública por estar implicados en este escándalo.
De acuerdo con el informe, el mayor número de uniformados implicados en estos hechos son integrantes del Ejército con un total de 1.068, seguido de miembros de la Policía con 23, de la Armada Nacional son 7 y del DAS 2.
De igual forma, han sido condenadas un total de 245 personas, de las cuales 54 confesaron ser culpables y aceptaron cargos para sentencia anticipada.
Según los investigadores, el mayor número de homicidios cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública, se presentó en el año 2007 con un total de 507 casos, mientras que en el 2009 se registraron 13 y en lo corrido de 2010 no se tiene ningún reporte oficial.
Agrega el informe de la Fiscalía, que los departamentos de mayor impacto son en su orden: Antioquia con 405 casos, Meta con 116 y Norte de Santander y Caquetá con 78.
Por su parte, Cristian Salazar, delegado de las Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos, se declaró preocupado porque la Justicia Penal Militar no está colaborando de manera eficaz con la justicia ordinaria para esclarecer los miles de procesos que se adelantan por estos hechos.
Salazar explicó que mientras en el 2009 la Justicia Penal Militar remitió a la ordinaria 267 expedientes en lo corrido del 2010 sólo ha trasladado 7 procesos.
A su turno, el personero de Soacha, Cundinamarca, Fernando Escobar, dijo que de los casos de "falsos positivos" de los 14 jóvenes de ese municipio, y de los otros 3 de Bogotá reportados como muertos en supuestos combates en 2007 y 2008, hoy sólo hay un expediente en etapa de juicio.
Fiscalía investigará 3 posibles "falsos positivos" en La Macarena
Por: RCN Radio
RCN La Radio conoció en primicia que se compulsarán copias a la Dirección Nacional de Fiscalías para que se comiencen a investigar los tres primeros casos de N.N. hallados en el cementerio de La Macarena, en el Meta, ya que podrían estar relacionados con los denominados "falsos positivos".
Fuentes judiciales le confirmaron a RCN La Radio que en principio tres de las víctimas, cuyos cuerpos se encontraban en el cementerio municipal de La Macarena, podrían haber sido presentados como muertos en falsos combates con miembros de la fuerza pública.
A este primer indicio llegaron los investigadores de la Fiscalía, luego de lograr la plena identificación de los cadáveres exhumados y haber ubicado a sus familiares, quienes entregaron versiones que conducirían a establecer que fueron asesinados y presentados como supuestos guerrilleros muertos en combate.
Se espera que inmediatamente llegue la compulsa de copias a la Dirección Nacional de Fiscalías, este despacho remita el expediente al fiscal competente para asumir estos primeros casos.
23 de agosto de 2010 .- A ofensiva diplomática das FARC a todo vapor. Enquanto por um lado o governo colombiano fecha a porta para as conversações sobre o conflito social e armado, as FARC batem em outra porta.
Infelizmente, a OEA e a ONU seguem obedientes as orientações do capitalismo. Pouco ou nada fazem esses espaços supostamente "democráticos". Antes as FARC enviaram cartas à ONU, sem respostas até agora.
Leia: a Carta das FARC – EP a UNASUL
Carta aberta das FARC-EP à Unasul
Embora o governo da Colômbia mantenha fechada a porta ao diálogo com a insurgência, estimulado pela miragem de uma vitória militar e interferência de Washington,queremos transmitir à União das Nações do Sul, a Unasul, a nossa firme determinação em procurar uma solução política para conflito .
É um fato que esta transbordou, durante anos, o marco das fronteiras patrióticas como resultado das estratégias de "prevenção" em Bogotá impostas pelo governo dos Estados Unidos. Se a Colômbia está sob ocupação militar de uma potência estrangeira é para desenvolver um interesse geo-estratégico, predominantemente continental, e não por causa da guerra de contra-insurgência local. Ninguém contesta que a Casa Branca tem a preocupação crescente com presença política assumida neste hemisfério, dos governos que optam por soberania.
Em nosso país, o Plano Colômbia, a estratégia neoliberal, a violência institucional e para-institucional, tem agravado o conflito a um novo nível, o que torna muito difícil superar essa fase de confronto fratricida sem a ajuda dos países irmãos.
A crise humanitária na Colômbia clama mobilização e solidariedade continental. A obsessão oligárquica em submeter os guerrilheiros militarmente há 46 anos, e a implementação de políticas repressivas e militaristas de Washington afirmam inúmeros massacres, valas comuns, como em Macarena que esconde mais de 2.000 cadáveres: o maior da América Latina , crimes contra a humanidade, eufemisticamente chamados de "falsos positivos", um deslocamento forçado de cinco milhões de camponeses, os desaparecimentos de cidadãos por razões políticas, prisões arbitrárias, 30 milhões de pobres em um país de 44 milhões de pessoas ...
Alguns aludem frequentemente à obsolescência da luta armada revolucionária, mas não dizem nada sobre as condições e garantias para a luta política na Colômbia. Outros dizem que a ameaça é da insurgência e não da estratégia neocolonial do governo dos Estados Unidos, parecendo ignorar que, com a guerrilha ou sem ela, o Estado continuaria com a sua agenda de posição dominante. E também deverá pressionar uma das partes litigantes, principalmente a insurreição.
A paz com justiça social, não a guerra pela guerra, tem sido o objetivo estratégico das FARC desde a sua criação em 1964, em Marquetalia. Se as conversações de paz na Casa Verde, Caracas, Tlaxcala e Caguán não chegaram ao término, foi porque os oligarcas não considerariam qualquer alteração da injusta política social e econômica que motiva a revolta. Hoje enfrentamos, agitando bandeiras políticas inquestionáveis, a maior máquina de guerra que tem vindo a enfrentar uma guerrilha, mas lutando sempre pela possibilidade de uma solução política.
Sr. Presidente, a seu critério, quando for oportuno, estamos prontos para apresentar na reunião da Unasul a nossa visão do conflito colombiano.
O conflito armado que a Colômbia sofre há mais de 50 anos enfrenta forças de segurança do estado (exército, polícia, tropas de elite antiguerrilha) apoiadas por grupos paramilitares treinados e financiados pelo governo e por fazendeiros, contra grupos guerrilheiros, basicamente as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC-EP) e, em menor escala, o Exército de Libertação Nacional (ELN).
No entanto, no cenário do conflito, as cidades do interior e as regiões rurais, o povo sofre as piores consequências em termos de abusos extremos aos direitos humanos e violações ao direito internacional humanitário. Tais abusos têm provocado a pior crise mundial de pessoas expulsas de seus lugares de origem. Recentemente a Colômbia superou o Sudão quanto ao numero de pessoas deslocadas internas. Estima-se em 3,5 milhões o número de colombianos que fogem das suas casas para escapar da violência. Isto significa 8% de uma população total de 44 milhões de habitantes, a 2ª maior na América do Sul, depois do Brasil. Colômbia ocupa também o primeiro lugar entre os países da América Latina em número de nacionais que emigram a outros países, com cerca de 4 milhões de pessoas que foram procurar um futuro melhor, principalmente nos Estados Unidos, Espanha e Venezuela.
O atual governo de Uribe, no poder desde 2002, nega que exista um conflito armado no país alegando que o que há é uma “guerra contra o terror”. Esta denominação é uma forma de evitar internacionalmente qualquer preocupação em matéria de direitos humanos. De fato, organizações internacionais como Anistia Internacional e Human Rights Watch, além de ONGs nacionais defensoras dos direitos humanos, têm sido catalogadas pelo governo como apoiadores dos grupos insurgentes, o que automaticamente os torna alvos dos paramilitares.
Em 50 anos de conflito, a maior lista de vítimas é a população civil sem que os movimentos guerrilheiros tenham sido exterminados, como é o objetivo de Uribe. Somente nos últimos 20 anos morreram mais de 70.000 pessoas, a maioria civis, como conseqüência das hostilidades. Um partido político de esquerda, a União Patriótica, foi eliminado fisicamente com a morte de quase 5.000 dos seus militantes entre 1985 e 1992. Quatro candidatos à presidência pertencentes a grupos da oposição foram assassinados, alguns em plena campanha eleitoral. Foram eles Jaime Pardo (União Patriótica) em 1987, Luis Carlos Galán (Novo Liberalismo) em 1989, Carlos Pizarro (Ação Democrática ⁄M-19) e Bernardo Jaramillo (União Patriótica), estes últimos em 1990. Colômbia é o país com maior número de sindicalistas assassinados no mundo. Só nos últimos 10 anos mais de 2.500 sindicalistas foram mortos em seus locais de trabalho ou em suas casas. Seis em cada 10 sindicalistas assassinados no mundo são colombianos. Sindicatos de professores denunciam o assassinato de seus colegas, que apenas no ano de 2006 mostrou a cifra de 33 docentes assassinados por paramilitares. A Comissão Internacional de Juristas denuncia que entre 1979 e 1991, 278 advogados foram assassinados na Colômbia. Estudantes universitários denunciam que desde 2001 até 2008 mais de 30 alunos foram assassinados por paramilitares.
O comum de todos estes assassinatos que em 99% dos casos nunca foram presos nem indiciados os culpados. Muito além das cifras que consideram a Colômbia como a triste campeã de genocídio impune contra seu povo, deve-se considerar como se chegou à tamanha perda de valores humanos. Vale a pena se perguntar como é que o povo elege e re-elege ao presidente mais desrespeitador dos direitos humanos e mais descaradamente próximo aos grupos paramilitares, mas também o que teve os maiores índices de popularidade. Será que os colombianos estão sedentos de sangue?
Apesar dos massacres serem realizados em 90% dos casos por paramilitares e do apoio explícito que Uribe tem dado aos grupos paramilitares desde a época que era governador do Departamento de Antioquia até sua ascensão à presidência da república, ele conseguiu se eleger duas vezes e confabula para mudar a constituição e se eleger pela terceira vez.
Vários fatores devem ser considerados para tentar uma explicação a este fenômeno. Em primeiro lugar, o elevado índice de abstenção nas eleições (até 60%) em um país em que o voto é facultativo. Na última eleição, Uribe conquistou a presidência com 25% do eleitorado. Em segundo lugar, a manipulação da informação que a mídia exerce sobre os distintos meios de comunicação, completamente monopolizados e dominados pela elite governante. Em terceiro lugar, a tradicional corrupção dos “caciques”, líderes dos partidos tradicionais ligados ao poder que compram votos por dinheiro ou favores ou ameaçam com seus capangas a quem não vote nos seus protegidos. Todos esses fatores levam a que a maioria dos votantes seja quase exclusivamente das classes média e alta, sem participação do povo que fica afundado na ignorância, o medo e a desinformação.
Adicionalmente, grande parcela da população urbana embrutecida pela mídia, engole o argumento da “guerra contra o terror” e aceita sem condições que o principal problema a resolver no país é a eliminação da guerrilha e não se importa para problemas tais como o desemprego, a insegurança, a falta de educação, de saúde, de moradia, de garantias de vida para grupos ou partidos de oposição, de investimento social ou de reforma agrária. Este último ponto é dramático na Colômbia, onde existe uma verdadeira anti-reforma agrária. Mais de 80% das terras potencialmente produtivas está nas mãos de paramilitares estando completamente improdutivas uma vez que a apropriação de território tem caráter estratégico no conflito armado. Enquanto isso, o povo banido do campo enche as grandes cidades em condições subumanas.
Desde a época que os historiadores vêm chamando de “A Violência”, que começou em 1947 depois do assassinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder liberal de oposição ao governo conservador da época, até o fim da única ditadura militar na história recente da Colômbia do General Gustavo Rojas em 1957 foram 10 anos em que morreram violentamente 300.000 colombianos, principalmente nas regiões rurais. Para parar com o banho de sangue, Rojas fez acordos com a guerrilha liberal para conseguir a sua desmobilização. Entretanto, o acordo foi desrespeitado e os líderes guerrilheiros desmobilizados foram assassinados um a um. Conformava-se assim a estratégia que os sucessivos governos colombianos utilizariam para enfrentar a oposição, ou seja, a sua eliminação física. Enquanto a década de 1970 foi de grande crescimento dos grupos guerrilheiros que chegaram a quase dez, a década de 1980 caracterizou-se pelo crescimento dos cartéis do narcotráfico e dos grupos paramilitares. Os primeiros injetaram dinheiro nos segundos, enquanto que o governo olhava com complacência a ação “suja” que ele não podia fazer, de eliminar não só os líderes da oposição, como os supostos colaboradores da guerrilha, ou seja, os camponeses que habitavam no cenário dos conflitos, os militantes de partidos de esquerda legalizados, as organizações de defesa dos direitos humanos e os ativistas comunitários.
À estratégia da eliminação física da oposição foi somada a estratégia de “tirar a água do peixe”, velha tática norte-americana posta em prática em outros países, a qual consiste em eliminar o camponês que vai apoiar os grupos insurgentes mais cedo ou mais tarde, seja por convicção ou por medo. Estas estratégias combinadas, postas em execução por um exército de paramilitares sem escrúpulos com claro e comprovado apoio do exército oficial, levaram inevitavelmente ao banho de sangue que tem sofrido a Colômbia nas últimas décadas.
O futuro é incerto e obscuro. Nos últimos 40 anos foi sacrificada a maioria da população pensante que poderia redimir o país das suas mazelas e ficou no poder uma elite corrupta, assassina, sem a menor condição de resolver os problemas sociais e completamente ajoelhada ao imperialismo norte-americano. Uribe mostra cifras que indicam que o conflito tem diminuído, que a Colômbia caminha para a pacificação, mas o certo é que a paz que impera na Colômbia é a paz das sepulturas, a “pax” romana. A classe média adora Uribe porque agora dá para passear pelas estradas durante as férias sem se preocupar em encontrar uma blitz da guerrilha. Quem viaja pelas principais rodovias assiste a um permanente desfile de soldados fortemente armados a cada 5 ou 10 km. O custo desse deslocamento militar é absurdo. Os demais problemas são menores. As massas de camponeses enxotados de suas terras lotando a periferia das grandes cidades, o conflito no campo que faz da Colômbia um país importador de alimentos quando antes era exportador, a imposição do mais duro capitalismo selvagem, a carência de recursos para universidades, escolas e hospitais, a falta de garantias constitucionais. O que importa é exterminar os insurgentes. E assim Uribe caminha para seu terceiro mandato, mesmo que para consegui-lo tenha que mudar a constituição. Para isso tem a maioria do congresso, com peso significativo e reconhecido de políticos paramilitares. Para isso o povo põe os mortos e a classe média desinformada põe os votos.
Bibliografia
Amnistía Internacional. Déjenos en paz! La población civil, víctima del conflicto armado interno de Colombia. Editorial Amnistía Internacional, Madrid, 2008. 130 p.
Los comités permanentes por la defensa de los Derechos Humanos,de la Audiencia Pública y de la Marcha Patriótica denunciaron en Colombia el asesinato de la activista de los derechos humanos Norma Irene Pérez, quien conformó la delegación que auditó la fosa común más grande de América Latina, ubicada en localidad cercana al fuerte militar de La Macarena.
Igualmente, el comité seccional de derechos humanos del Alto Guayabero denunció ante la comunidad internacional el asesinato de la dirigente comunal, quien desapareció el pasado 7 de agosto.
Norma Irene Pérez fue asesinada a tiros, denunció hoy el diputado Iván Cepeda, en diálogo con ANSA. Cepeda dijo que el 7 de agosto Pérez desapareció y seis días después fue hallado su cuerpo baleado.
El congresista, de Polo Democrático Alternativo, recordó que la mujer asesinada participó en la audiencia pública convocada bajo el título "La crisis humanitaria de los Llanos Orientales", en la que se denunció una violación masiva de derechos humanos en La Macarena y la existencia de una fosa común con 2 mil cadáveres.
"No sabemos el origen de esta situación, pero había advertido de los riegos para aquellas personas que denunciamos el tema de La Macarena", le dijo Cepeda a ANSA, al tiempo que negó que haya amenazas actuales en su contra por ese asunto.
El congresista dijo que el 25 de agosto habrá un debate de control político en el Parlamento por el tema de la fosa común en La Macarena, a la que fueron citados los ministros de Defensa y de Interior y Justicia, además del fiscal y el procurador.
Sobre el asesinato de Pérez, ninguna autoridad se pronunció hasta la tarde de ayer.
--
Outra Colômbia é possível...!! -----------------------------------------------
Esta mensagem é enviada pelo Comitê de Solidariedade ao Povo Colombiano
Porto Alegre - RS, Brasil
.jpg)
